La Tercera Ola: ¿Por qué no funciona bien el sistema político espa...

La política española sufre unas evidentes carencias en todos los aspectos: escasea la confrontación de ideas y el debate racional mientras avanza la corrupción, la pérdida de credibilidad de las instituciones y la tendencia a la adopción de medidas llamativas y cortoplacistas sin que existan proyectos serios de largo plazo ¿Cuáles son las causas de este deterioro? La clave se encuentra en un erróneo diseño de nuestro sistema político y en la resistencia de los partidos políticos a acometer cualquier reforma cuando se han ido comprobando los nefastos resultados.

Para que un sistema democrático funcione correctamente no basta con que los ciudadanos puedan votar y exista un régimen multipartidista. El voto es imprescindible pues constituye un control último de los electores a los gobernantes contra la tendencia al abuso y a la arbitrariedad pero resulta claramente insuficiente ya que constituye un control muy indirecto y su ejercicio demasiado dilatado en el tiempo. Una democracia necesita, además, otros elementos que impongan unos límites claros al ejercicio del poder y establezcan unos mecanismos de control permanentes: a) una Separación de Poderes efectiva entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que establezca unos sistemas eficaces de vigilancia mutua y control entre ellos, sin que ninguno pueda prevalecer sobre los otros dos b) un sistema directo de representación y exigencia de responsabilidades a los representantes por parte de los electores, c) unos mecanismos adecuados de selección de los políticos, obligándoles a someterse previa e individualmente al escrutinio público antes de ocupar cualquier cargo y d) una prensa libre e independiente que proporcione la información veraz con la que los votantes puedan elegir.

El sistema político español no cumple ninguno de estos cuatro requisitos. La separación de poderes ha desaparecido en la práctica y los mecanismos de control del poder político hace tiempo que no funcionan correctamente, el principio de representación apenas existe, los sistemas de selección de los políticos resultan perversos y la prensa es cada día más dependiente del poder.

En España no existe un poder legislativo independiente. Las decisiones importantes las toman las direcciones de los partidos políticos y las trasladan al parlamento a través de la disciplina de voto. El legislativo no lleva a cabo, en la práctica, ninguna de las funciones que tiene encomendadas: ni controla al gobierno, ni hace las leyes, ni ejerce la representación de los ciudadanos. No controla al gobierno pues el voto de cada parlamentario no depende, en absoluto, de cual haya sido la acción del gobierno. Con independencia de que el gobierno lo haga bien, regular o mal, los diputados van a votar siempre lo mismo: lo que les ordene la dirección de su partido. Las leyes no las hace el parlamento sino que las elabora en realidad el ejecutivo y ordena a sus diputados votar a favor. Si el partido del gobierno no tiene la mayoría, el ejecutivo suele comprar, a otros partidos minoritarios, los votos que le faltan a cambio de generosas y arbitrarias concesiones a cargo del contribuyente.

Tampoco existe la representación directa. El sistema electoral se ha caracterizado por la total ausencia de una relación directa entre elector y elegido: no se vota al candidato sino a listas cerradas que elaboran las direcciones de los partidos políticos. No hay control de los ciudadanos hacia su representante pues, por lo general, nadie sabe quien le representa en el parlamento. El parlamentario individual no puede tener criterio propio, se convierte en una maquina de votar lo que le ordenan: ya no ejerce como representante de sus electores sino de la dirección de su partido. También es explicable que los debates en el parlamento carezcan casi por completo de argumentos ya que no hay que convencer a nadie: todos actúan por disciplina de voto. En conclusión, debido al sistema de elección por listas cerradas, el parlamento deja de representar la soberanía popular para representar la voluntad de las cúpulas de los partidos. Naturalmente que todo este funcionamiento no se limita a la política nacional sino que se reproduce (agravado si aun cabe) en los gobiernos autonómicos.

Partitocracia es el nombre que describiría mejor el funcionamiento del sistema político español. Se trata de una estructura política en la que son las direcciones de los partidos (y no los ciudadanos) las que deciden quienes serán los representantes y las que ejercen un control estricto sobre los miembros del parlamento, de manera que éstos no pueden tener criterio ni decisión propia. Dado que gran parte de los órganos de decisión del Estado (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial y muchos otros) se “nombran” por el parlamento, esta preponderancia de las direcciones de los partidos se traslada a muchos otros órganos. No es extraño prever el voto de cada miembro de estos órganos conociendo cual fue el partido que lo propuso. Así, la partitocracia acaba vaciando de contenido una buena parte de los órganos del Estado porque las decisiones que estos órganos toman formalmente ya se han adoptado previamente en otros ámbitos: en la dirección de los partidos. La separación de poderes desaparece de hecho pues suele ser el jefe del partido mayoritario (generalmente también jefe del ejecutivo), quien toma realmente las decisiones por todas estas instituciones aunque ellas sean formalmente independientes. Además, debido a que los partidos políticos carecen de democracia interna, el Estado queda dominado por unas estructuras burocráticas sin control interno y un control democrático externo demasiado débil. Ante esta falta de mecanismos de control, la corrupción y la arbitrariedad tienden a generalizarse sin que haya forma de ponerles freno. Los gobernantes burlan las leyes o las hacen a su medida para preservar el poder y sus privilegios, a costa de los contribuyentes, sin que los ciudadanos posean mecanismos para defender sus derechos y corregir el flagrante abuso.

El sistema político español genera también una selección perversa de los representantes y gobernantes ya que los criterios que acaban contando para ser diputado (nacional o autonómico) o concejal no son necesariamente la valía personal o profesional ni la confianza de los votantes en esa persona sino otros como la lealtad al líder o una larga permanencia en el partido. Ante esta situación, son los militantes con menos escrúpulos y menos posibilidades de profesionales en el sector privado los que tienden a quedarse y dominar el partido en detrimento de aquellos con mayor cualificación profesional y mayor voluntad de servicio público, que experimentan una mayor tendencia a desistir y a abandonar la vida política. Se fomenta así la creación de una casta de políticos que hacen del cargo su forma de vida y tienden a considerar el Estado como un apéndice del partido, un gran paquete de puestos para repartir entre los más fieles. El mantenimiento en el poder se convierte entonces en el objetivo primordial de la acción política y la discusión entre proyectos políticos se sustituye por una lucha encarnizada por el reparto de los cargos.

Finalmente, la lucha partidista se extiende a una buena parte de la sociedad civil a la que los partidos intentan controlar: sindicatos, asociaciones empresariales, intelectuales, artistas etc. Utilizan para ello todo tipo de ayudas, subvenciones y, en definitiva, gasto clientelar, financiado con el dinero del contribuyente, para conseguir el apoyo. Así, muchas organizaciones sociales tienden a alinearse con un partido político, perdiendo también su independencia. En el caso de la prensa el control por parte del poder se ejerce a través de la publicidad institucional y de las concesiones administrativas a los medios audiovisuales. En definitiva, la independencia de la prensa y de los medios se ha ido reduciendo de forma alarmante en los últimos años, contribuyendo a degenerar todavía más la democracia en España.

Por todo ello, es imprescindible plantear, de forma urgente y sin complejos, la necesidad de acometer unas reformas que fomenten una representación más directa de los ciudadanos, garanticen una efectiva separación de poderes, provean un eficaz sistema de selección de los políticos, establezcan eficaces mecanismos de control del poder y eviten la influencia de los gobernantes en los medios de comunicación.

Juan Manuel Blanco - La Tercera Ola: ¿Por qué no funciona bien el sistema político español?